RAFAEL RUIZ

El plan de fusión de la cadena de supermercados Pão de Açúcar-CBD con la parte brasileña del francés Carrefour se cayó a pedazos, luego de que el gobierno de Brasil retirara el lunes su apoyo al negocio y su socio Casino votara oficialmente en contra de la propuesta.

Los rivales franceses están compitiendo por una posición en el mercado brasileño contra el grupo estadounidense Wal-Mart, la mayor minorista mundial. El grupo francés Casino, que calificó el plan como "hostil e ilegal",  manifestó este martes que su directorio lo rechazó unánimemente.

La propuesta que se derrumbó

La propuesta de fusión establecía que Pão de Açúcar adquiriría las operaciones en Brasil de Carrefour, creando un grupo  que se llamaría Novo Pão de Açúcar, del cual Carrefour hubiera tenido la mitad de las acciones. Este grupo hubiera poseído, además, el 11% de las acciones de Carrefour mundial.

Casino dice: No.

Tras celebrar en París una reunión extraordinaria, el Consejo de  Administración de Casino, controlador del 43% de Pão de Açúcar, definió que el proyecto de fusión entre su principal competidor y la mayor cadena de supermercados de Brasil es "contraria a los intereses de los accionistas".

La dirección del grupo francés consideró que el proyecto se basa en una "visión estratégica equivocada" y en estimaciones de sinergias  "fuertemente sobredimensionadas".

El Gobierno de Brasil apoya la negativa

Motivado también por la decisión de Casino, el BNDES, banco oficial de fomento, indicó que su fondo de inversiones BNDESPar "cancelaba el encuadramiento en la operación solicitada por Gama, por el no cumplimiento de las condiciones establecidas".

El negocio requería un aporte de la empresa brasileña de US$ 2.930 millones, de los cuales el 85% iba ser financiado por el Banco Nacional de Desarrollo Social (BNDES) y el restante, por el banco de inversiones BTG Pactual.

El gobierno de Brasil, que inicialmente respaldó el acuerdo, desistió de participar en el negocio debido a las fuertes presiones recibidas por parte de la oposición, que consideró  "un absurdo" que se destinen dineros públicos a empresas privadas