RAFAEL RUIZ

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que comprende medidas como el antiguo sistema de devolver los cascos de botellas a cambio de una cantidad -aún sin determinar-, además de la eliminación total y progresiva, hasta 2018, de las bolsas de plástico de un solo uso y no biodegradables.

La ley, que traspone una directiva comunitaria y actualiza la antigua normativa española en esta materia (1998) obliga a España a llevar a cabo una recogida separada de distintos materiales procedentes de residuos (papel, plástico, vidrio, metales), antes de 2015.

La sociedad del reciclado, cuyo modelo puede ser actualmente Alemania, implica una transformación de hábitos en fabricantes y consumidores. La ley se refiere a algún tipo de incentivo económico -aún no concretado- para la devolución de botellas vacías y también de otros envases como bricks o latas.

La Ley establece 2018 como el año de la sustitución de las bolsas comerciales de plástico, y desde 2015 la obligación de marcarlas con un mensaje sobre sus efectos en el medio ambiente. En 2016 el Gobierno deberá evaluar la consecución de los objetivos de dicho calendario y la conveniencia de adoptar medidas fiscales sobre el consumo de estas bolsas.

De igual forma, se abre la puerta a la creación de un Sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), siempre y cuando se tenga en cuenta su viabilidad técnica y económica, el conjunto de impactos medioambientales y la salud humana y, tratando con "especial consideración" las circunstancia de las pequeñas y medianas empresas.

El SDDR, impulsado por la asociación Retorna, cuenta con el respaldo de asociaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción. Sin embargo, ha suscitado críticas por parte de Ecoembes y Ecovidrio, sociedades que se encargan de la gestión de residuos de envases ligeros, metales, papel, cartón y vidrio, y de la Confederación Española de Comercio, entre otros.